A más de seis años de los hechos relacionados con la denominada Operación Gedeón, familiares de los detenidos denuncian que decenas de militares y civiles permanecen privados de libertad bajo severas condiciones de reclusión y con serios problemas de salud.
La situación de los presos vinculados al caso de la Operación Gedeón vuelve a estar en el centro de las denuncias de sus familiares, quienes aseguran que algunos de los detenidos presentan un marcado deterioro físico y psicológico tras años de encarcelamiento.
Jesica Castro, familiar del detenido civil Gustavo Hernández, denunció que más de 90 personas vinculadas con el caso continúan privadas de libertad y que apenas seis habrían sido excarceladas, entre ellas dos de las cuatro mujeres detenidas.
Castro reclamó la liberación de los considerados presos políticos y señaló que los detenidos han permanecido en distintos centros de reclusión, entre ellos el Fuerte Guaicaipuro, El Rodeo I, Yare II, Yare III, Ramo Verde y La Planta.
Familiares aseguran que estuvieron seis meses sin información
Uno de los episodios más difíciles, según el testimonio de Castro, ocurrió después del traslado de un grupo de detenidos desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, hasta el Fuerte Guaicaipuro.
Los familiares intentaron seguir los vehículos oficiales para conocer el destino de los prisioneros, pero aseguran que los dispositivos de seguridad desplegados en las vías se lo impidieron.
“No había una lista, no había nada. Solo nos dijeron que en 15 días esperáramos la llamada para entregar la paquetería porque los íbamos a ver. Esa llamada nunca llegó; pasaron seis meses hasta que pudimos saber de ellos”, relató Castro.
De acuerdo con su denuncia, durante ese período los familiares no pudieron mantener contacto regular con los detenidos y estos habrían permanecido sometidos a un severo régimen de aislamiento y castigo.
Castro atribuyó estas restricciones a supuestas órdenes provenientes de altos funcionarios del Gobierno venezolano. Estas acusaciones corresponden al testimonio de los familiares.
Denuncian pérdida extrema de peso y condiciones insalubres
La situación comenzó a conocerse con mayor detalle cuando los familiares pudieron obtener una fe de vida de los detenidos.
Según Castro, algunos habían perdido entre 35 y 40 kilogramos y presentaban palidez, lesiones y hongos en la piel, además de signos que los familiares atribuyen a violencia física y psicológica.
También denunció graves deficiencias sanitarias dentro del centro de reclusión.
De acuerdo con su relato, algunos prisioneros habrían permanecido hasta tres meses sin poder bañarse adecuadamente ni cepillarse los dientes, situación que habría provocado problemas bucales e incluso la pérdida de piezas dentales.
Uno de los señalamientos más graves está relacionado con el acceso al agua.
“El agua tenía larvas y moscas. Debían esperar a que se asentara para poder beberla, bañarse o lavar la ropa”, denunció Castro.
Según explicó, tres o cuatro personas compartían un recipiente de agua que debía alcanzar para aproximadamente una semana.
Los familiares también aseguran haber observado importantes secuelas psicológicas. Durante los primeros encuentros, algunos detenidos estaban desorientados, presentaban temblores y tenían dificultades incluso para sostener los utensilios mientras comían.
Castro reconoció, sin embargo, que se han producido algunos cambios desde la llegada de una nueva dirección al Fuerte Guaicaipuro, entre ellos la posibilidad de ingresar almuerzos y otros alimentos.
Presos con complicaciones de salud
La atención médica constituye otra de las principales preocupaciones.
Los familiares reportan casos de diabetes, hipertensión, problemas de próstata, hemorroides y otras afecciones que, según denuncian, no estarían recibiendo atención médica oportuna.
Entre los casos mencionados se encuentra el del militar Douglas Contreras, quien habría tenido que ser trasladado de emergencia a un centro hospitalario en Ocumare debido al deterioro de su estado de salud.
“El preso por motivos políticos debe estar muriéndose para que actúen”, afirmó Castro al cuestionar la respuesta de las autoridades penitenciarias.
Los familiares aseguran que estas denuncias han sido llevadas ante diferentes organizaciones e instancias nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos.
Ante la falta de respuestas sobre sus condiciones de reclusión, situación jurídica y atención médica, algunos detenidos también habrían recurrido a huelgas de hambre como mecanismo de protesta.
Cuestionan las condiciones de los procesos judiciales
Castro también cuestionó la forma en que se desarrollaron los procesos contra algunos de los detenidos.
Según su testimonio, varios fueron interrogados y posteriormente condenados sin ser trasladados regularmente hasta los tribunales. Los familiares sostienen además que algunos habrían sido golpeados y presionados para admitir los delitos que les eran atribuidos.
Finalmente, ante eventuales negociaciones políticas que puedan involucrar la liberación de personas consideradas presos políticos, los familiares insisten en exigir la excarcelación de todos los detenidos que consideran injustamente encarcelados.
Asimismo, rechazan que sus parientes sean utilizados como instrumentos de negociación entre sectores políticos.
A seis años de la Operación Gedeón, las familias aseguran que continuarán denunciando las condiciones de reclusión y reclamando respuestas sobre la situación judicial y médica de sus parientes.