El trabajo periodístico recopila testimonios de sobrevivientes e informes de organismos internacionales sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en centros de detención oficiales y clandestinos.

Una investigación especial titulada «Centros del horror» reveló la existencia de una extensa red de centros de detención y presuntos lugares de tortura distribuidos en todo el territorio venezolano, donde se habrían cometido graves violaciones de derechos humanos contra detenidos por razones políticas.

El reportaje sostiene que el sistema estaría conformado por comandancias policiales, cárceles comunes, sedes de organismos de inteligencia como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), además de una red de casas clandestinas de detención señaladas en informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas.

La investigación señala que, aunque El Helicoide es el centro de reclusión más conocido, el sistema represivo se habría extendido por todos los estados del país, con más de 90 instalaciones utilizadas para la detención y presuntas prácticas de tortura.

De acuerdo con testimonios de sobrevivientes e informes de la ONU, entre los métodos denunciados figuran descargas eléctricas, asfixia mecánica, inmersión en agua, golpizas, encadenamiento y violencia sexual.

Asimismo, la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas identificó al teniente coronel Alexander Enrique Granko Arteaga entre las personas presuntamente involucradas en estructuras señaladas por la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Según datos citados en el trabajo periodístico, desde 2014 más de 19.000 personas han sido detenidas por motivos políticos en Venezuela y al menos 30 presos políticos habrían fallecido como consecuencia de torturas o tratos crueles e inhumanos. Estas denuncias forman parte de las investigaciones que actualmente adelanta la Corte Penal Internacional sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país.

Diversas organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado durante los últimos años denuncias de tortura, detenciones arbitrarias y malos tratos contra opositores y personas privadas de libertad en Venezuela.