Comunidades mineras de Las Claritas y el Kilómetro 88 protestaron tras un operativo militar en el municipio Sifontes. Autoridades promueven la regularización de la actividad minera y el desalojo de yacimientos.
La tensión se mantiene en las poblaciones de Las Claritas y el Kilómetro 88, en el municipio Sifontes del estado Bolívar, donde un amplio despliegue militar y de seguridad superó las 24 horas consecutivas de operaciones este miércoles 10 de junio.
Durante el procedimiento, los establecimientos comerciales permanecieron cerrados y diversas comisiones integradas por organismos de seguridad y comandos especiales mantuvieron presencia en estos sectores dedicados a la actividad minera.
Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían emitido información oficial sobre posibles detenciones, personas lesionadas o fallecidas como resultado del operativo. Sin embargo, fuentes vinculadas a organismos de seguridad indicaron que las acciones estarían dirigidas a la búsqueda de presuntos líderes de grupos delictivos que operan en la zona.
De acuerdo con registros audiovisuales difundidos en redes sociales, representantes militares y funcionarios de organismos nacionales sostuvieron un encuentro con trabajadores mineros y habitantes de la comunidad para informar sobre las medidas que se ejecutan en la región.
Durante la actividad, voceros oficiales aseguraron que el objetivo es impulsar procesos de regularización de la actividad minera dentro del marco legal vigente.
“Nosotros como Estado vamos a generar las condiciones para que ustedes puedan legalizarse y ejercer la minería de manera organizada”, expresó uno de los representantes gubernamentales durante su intervención ante los presentes.
Asimismo, los funcionarios insistieron en la necesidad de desalojar las áreas de explotación minera consideradas fuera del marco legal, señalando que la medida responde a disposiciones establecidas por la legislación nacional.
Por otra parte, trabajadores y residentes manifestaron preocupación por el impacto que las acciones podrían tener sobre sus fuentes de sustento económico. Como medida de protesta, grupos de mineros y habitantes realizaron durante varias horas un cierre parcial en la Troncal 10, principal vía que conecta al estado Bolívar con la frontera brasileña.
Los manifestantes exigieron garantías para las comunidades que dependen de la actividad minera y solicitaron que cualquier proceso de reorganización del sector se realice respetando los derechos de los trabajadores y habitantes de la zona.
La situación continúa desarrollándose en el sur del estado Bolívar, mientras las comunidades permanecen a la espera de información oficial sobre el alcance de las medidas implementadas y los mecanismos anunciados para la regularización de la actividad minera.