Un artículo del diario estadounidense advierte que la minería ilícita en Venezuela estaría generando miles de millones de dólares para organizaciones criminales y grupos considerados enemigos de Washington.
El diario New York Post aseguró que Estados Unidos debe actuar frente a la expansión de la minería ilegal de oro en Venezuela, una actividad que, según el medio, se ha convertido en una importante fuente de financiamiento para organizaciones criminales y grupos armados internacionales.
En un artículo de opinión publicado este martes, el periódico estadounidense sostiene que en las zonas mineras venezolanas se registran graves violaciones de derechos humanos, incluyendo trabajo infantil, explotación sexual de menores y desplazamiento de comunidades enteras debido a la violencia ejercida por grupos delictivos.
La publicación señala que organizaciones como el Tren de Aragua y el grupo chií libanés Hezbolá se estarían beneficiando del comercio ilícito del metal precioso, mientras que carteles de la región han encontrado en el oro una actividad más rentable que el narcotráfico tradicional.
Asimismo, el rotativo advierte sobre el impacto ambiental derivado del uso de sustancias como mercurio, cianuro y arsénico en los procesos de extracción y refinación, las cuales contaminan ríos y afectan a las comunidades cercanas.
Según las estimaciones citadas por el medio, con los actuales precios internacionales del oro, las redes criminales y organizaciones vinculadas al comercio ilegal podrían estar obteniendo entre 10.000 y 12.000 millones de dólares anuales mediante la explotación y comercialización ilícita del mineral.
El New York Post también afirma que la falta de control estatal y la corrupción han convertido a Venezuela en un importante centro del comercio ilegal de oro en Sudamérica, con material procedente de Colombia, Perú, Bolivia y Brasil que terminaría llegando a mercados internacionales.
Finalmente, el periódico hizo un llamado a las autoridades estadounidenses a reforzar los mecanismos de supervisión y trazabilidad para impedir que el oro extraído de manera ilegal siga financiando organizaciones criminales y actividades consideradas una amenaza para la seguridad regional.