La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado venezolano por violaciones de derechos humanos contra Jorge Rojas Riera y ordenó el cierre de El Helicoide en un plazo de 18 meses.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable al Estado venezolano por violaciones a los derechos humanos cometidas contra Jorge Rojas Riera, un estudiante detenido durante una protesta realizada en Caracas en 2003, y ordenó el cierre del centro de detención conocido como El Helicoide.
De acuerdo con la sentencia emitida este 10 de junio, el tribunal internacional estableció que Rojas Riera fue víctima de detención ilegal, actos de tortura y persecución política tras ser arrestado durante una manifestación en la Plaza Francia de Altamira.
La Corte determinó que agentes de la entonces Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) realizaron la detención sin una base legal suficiente y que posteriormente el estudiante permaneció privado de libertad en condiciones incompatibles con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
Según el fallo, Rojas Riera fue sometido a agresiones físicas, amenazas y otros actos que el tribunal calificó como tortura. Asimismo, concluyó que las autoridades venezolanas no llevaron a cabo una investigación efectiva para esclarecer y sancionar los hechos denunciados.
Como parte de las medidas de reparación ordenadas al Estado venezolano, la Corte IDH dispuso el cierre de El Helicoide en un plazo de 18 meses contados a partir de la notificación oficial de la sentencia. El tribunal consideró que la continuidad del centro de detención resulta incompatible con las garantías establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La decisión se fundamenta en informes y antecedentes recopilados por organismos internacionales que han documentado denuncias sobre presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas dentro de ese recinto durante varios años.
El caso de Jorge Rojas Riera fue presentado ante la Corte Interamericana luego de un largo proceso impulsado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2023 concluyó que existían elementos suficientes para atribuir responsabilidad internacional al Estado venezolano por los hechos denunciados.
Hasta el momento, las autoridades venezolanas no habían emitido un pronunciamiento oficial sobre la sentencia ni sobre las medidas ordenadas por el tribunal internacional.