Hay situaciones que dejan de ser una simple avería cuando detrás de ellas hay familias enteras esperando durante horas por una respuesta.
Más de 50 familias del sector Valenzuela, al sur de Maturín, denunciaron haber permanecido durante largas horas sin servicio eléctrico después de una falla en el sistema que abastece a la comunidad. También aseguraron que sus intentos por obtener una respuesta efectiva de Corpoelec fueron infructuosos.
Detrás de una cifra como “50 familias sin electricidad” hay mucho más que casas a oscuras.
Hay niños intentando dormir bajo el calor. Hay padres preocupados por los alimentos que comienzan a dañarse dentro de una nevera apagada. Hay adultos mayores soportando temperaturas difíciles. Hay trabajadores que llegan a sus hogares después de una jornada y descubren que ni siquiera pueden contar con uno de los servicios más elementales de la vida moderna.
Y quizás lo más doloroso sea la sensación de no saber a quién acudir.
Una falla puede ocurrir. Una guaya puede romperse. Un transformador puede averiarse. Ningún sistema eléctrico está libre de emergencias.
Lo que no debería normalizarse es que una comunidad tenga que rogar para ser escuchada.
No debería ser necesario acudir a los medios de comunicación, publicar denuncias en redes sociales o repetir llamadas durante horas para que una familia pueda saber cuándo regresará la electricidad a su casa.
Eso es lo que convierte una falla técnica en un problema de responsabilidad pública.
Quienes administran un servicio esencial tienen también la obligación de informar, atender los reclamos y ofrecer respuestas oportunas. Cuando existe una avería, la ciudadanía merece saber qué ocurrió, qué se está haciendo y cuánto podría tardar una solución.
No se trata de pedir privilegios.
Se trata de electricidad.
Se trata de poder conservar los alimentos, encender un ventilador, cargar un teléfono, estudiar, trabajar y dormir con unas condiciones mínimas de dignidad.
Además, Valenzuela no aparece como un caso completamente aislado. Durante septiembre se han registrado denuncias de interrupciones prolongadas y problemas eléctricos en otras comunidades de Maturín, entre ellas Los Guaritos V y La Pica.
Por eso las autoridades no deberían observar cada denuncia únicamente como una avería individual.
Cuando las comunidades comienzan a repetir el mismo reclamo, corresponde evaluar si existe un problema más amplio de mantenimiento, capacidad de respuesta y comunicación con los usuarios.
La electricidad no puede convertirse en una carrera de resistencia en la que gana quien tiene una planta eléctrica, dinero para reemplazar los alimentos dañados o recursos para escapar durante unas horas del calor.
El ciudadano que depende exclusivamente del servicio público también merece respeto.
Y ese respeto comienza por algo tan elemental como responder el teléfono, recibir el reporte y enviar una cuadrilla cuando existe una emergencia.
Las familias de Valenzuela no están pidiendo un favor.
Están reclamando que un servicio esencial funcione y que, cuando falle, exista una institución capaz de responder.
Una sociedad no debería acostumbrarse a vivir entre apagones ni mucho menos acostumbrarse al silencio institucional.
Porque cuando una familia permanece horas a oscuras, la falla puede estar en un cable.
Pero cuando esa familia grita, llama y espera sin obtener respuesta, el problema deja de ser solamente eléctrico.
Se convierte en un problema de gestión pública, de atención ciudadana y, sobre todo, de respeto a la dignidad de quienes dependen todos los días de esos servicios.
La gente no debería tener que suplicar por electricidad. Debe recibir respuestas.