El Departamento de Estado anunció nuevas medidas contra jueces, fiscales, funcionarios y empresarios de cuatro países latinoamericanos. Washington los vincula, según cada caso, con presuntos hechos de corrupción, narcotráfico o acciones que considera perjudiciales para gobiernos elegidos democráticamente.
Estados Unidos anunció este lunes 28 de septiembre una nueva ronda de restricciones de visas contra ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, dentro de una política regional impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
Las medidas incluyen la revocación de visas ya existentes y restricciones para obtener nuevos visados, y en varios casos se extienden también a familiares directos de las personas señaladas.
Según el Departamento de Estado, las acciones forman parte de la iniciativa Escudo de las Américas, mediante la cual Washington busca coordinar medidas regionales contra personas y organizaciones que vincula con corrupción y narcotráfico.
La acusación de esas conductas corresponde al Gobierno estadounidense y no implica, por sí sola, una condena penal en los países de origen de los afectados.
Colombia: una senadora y un empresario
En Colombia, Estados Unidos revocó las visas de Martha Isabel Peralta Epieyú, senadora vinculada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social, y del empresario Euclides Antonio Torres Romero.
La medida también afecta a sus familiares directos, según el anuncio estadounidense.
El Departamento de Estado presentó ambas decisiones dentro de su nueva política de restricciones de ingreso, aunque el comunicado divulgado no equivale a una sentencia judicial contra los afectados.
Amplia lista en Bolivia
Bolivia concentra la mayor cantidad de nombres divulgados públicamente.
Entre las personas cuyas visas vigentes fueron revocadas figuran:
- Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior.
- Albania Chane Caballero Saavedra, jueza.
- Alberto Zeballos Flores, fiscal departamental de Santa Cruz.
- Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza.
- Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia.
- Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, fiscal.
- Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado constitucional.
- Alberto Samuel Soto de la Vía, exfuncionario de la Aduana Nacional.
- Iván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente del Tribunal Supremo.
- Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez.
- Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía.
- José Luis Iriarte Cussi, empresario.
Además, otros nueve ciudadanos bolivianos que no contaban con visa quedaron, en términos generales, sujetos a restricciones para obtenerla en el futuro.
Fiscal general de Bolivia también fue señalado
El Departamento de Estado anunció además una designación pública contra el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, al que acusa de estar involucrado en “corrupción significativa”.
Washington afirmó que sus acciones perjudican los esfuerzos estadounidenses contra el narcotráfico y afectan las instituciones democráticas bolivianas.
Ese señalamiento representa la posición oficial del Gobierno estadounidense.
Perú: visa revocada a juez de Lima
En Perú, la medida alcanzó a Juan Carlos Núñez Matos, juez del Primer Juzgado Constitucional de Lima.
Estados Unidos revocó tanto su visa como las de sus familiares directos.
Núñez Matos ha sido relacionado públicamente con una decisión judicial vinculada al puerto de Chancay y la empresa Cosco Shipping, aunque el comunicado estadounidense enmarca formalmente la revocación dentro de su política regional contra corrupción y narcotráfico.
Ecuador: identidades no reveladas
El Departamento de Estado también adoptó restricciones contra ciudadanos ecuatorianos y sus familiares, pero decidió no divulgar públicamente sus identidades.
Washington tiene facultad para mantener confidenciales determinadas decisiones migratorias y de visado.
Medidas vinculadas al “Escudo de las Américas”
Las acciones fueron anunciadas en el marco del Escudo de las Américas, iniciativa regional respaldada por países del continente para coordinar políticas frente al crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico.
Representantes de los países participantes se reunieron recientemente al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas y reiteraron su disposición a adoptar medidas coordinadas.
El Departamento de Estado sostiene que su nueva política busca impedir la entrada a Estados Unidos de extranjeros que, a juicio de Washington, utilicen actividades de corrupción o narcotráfico para afectar instituciones democráticas de la región.