La medida forma parte de la aplicación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo que entrará en vigor este viernes
El Gobierno de España informó que dejará de otorgar y renovar autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias, un beneficio que durante los últimos años permitió regularizar la situación migratoria de miles de ciudadanos venezolanos en territorio español.
La decisión entrará en vigor este 12 de junio como parte de la implementación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, según una nota informativa emitida por el Ministerio del Interior español.
De acuerdo con el organismo, las personas que actualmente cuentan con este tipo de permiso ya no podrán renovarlo en el futuro ni utilizarlo como mecanismo para solicitar procesos de reagrupación familiar. Ante este escenario, las autoridades recomendaron a los afectados gestionar otras modalidades de residencia y trabajo contempladas en la legislación española.
El permiso humanitario fue creado en 2018 como respuesta al elevado número de solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos venezolanos y a la baja tasa de reconocimiento del estatus de refugiado. Según cifras oficiales, aproximadamente 240.000 venezolanos lograron regularizar su situación migratoria mediante este mecanismo.
Cambios en el sistema de asilo
La entrada en vigor del nuevo pacto europeo también contempla modificaciones en los procedimientos de protección internacional para personas que ingresen de manera irregular al territorio comunitario.
Las autoridades españolas implementarán procedimientos especiales en frontera para tramitar solicitudes de asilo con un plazo máximo de resolución de 12 semanas. Durante ese período, los solicitantes deberán permanecer en instalaciones habilitadas mientras se procesa su caso.
Asimismo, se incorporarán mecanismos de evaluación acelerada para ciudadanos procedentes de países cuya tasa de reconocimiento de protección internacional sea inferior al 20 % dentro de la Unión Europea.
Nuevos controles migratorios
El acuerdo europeo también establece un sistema común de control y registro para personas provenientes de terceros países que ingresen de forma irregular al bloque comunitario.
Entre las medidas previstas figura la ampliación del sistema Eurodac, la base de datos biométrica utilizada por la Unión Europea para registrar información de solicitantes de protección internacional y migrantes irregulares.
Por otra parte, el Gobierno español reiteró su rechazo a la creación de centros de retorno en terceros países, una de las opciones contempladas dentro del nuevo marco migratorio europeo, argumentando dudas sobre su legalidad y proporcionalidad.
La aplicación de estas medidas marca una nueva etapa en la política migratoria europea y podría tener un impacto significativo sobre miles de venezolanos que residen o planean establecerse en España.