El juez de la Audiencia Nacional española, José Luis Calama, decidió aplazar para los días 17 y 18 de junio la declaración del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien figura como investigado en la causa relacionada con el presunto tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas.
La comparecencia estaba inicialmente prevista para el próximo 2 de junio, pero la defensa del exmandatario solicitó más tiempo para estudiar el extenso expediente judicial, al que tuvo acceso recientemente.
En una providencia emitida este martes, el magistrado aceptó la petición del abogado de Zapatero y reprogramó las declaraciones para mediados de junio, en una investigación que ha generado una fuerte repercusión política en España.
El juez Calama sostiene en sus resoluciones que existirían indicios de una supuesta red de tráfico de influencias vinculada al rescate financiero otorgado a Plus Ultra durante 2021, cuando la aerolínea recibió un préstamo público de 53 millones de euros como parte del fondo de apoyo a empresas estratégicas afectadas por la pandemia.
Según la tesis judicial, Zapatero habría desempeñado un papel clave dentro de esa presunta estructura, aportando contactos institucionales y empresariales para favorecer determinadas decisiones administrativas y económicas.
Asimismo, la investigación apunta a la existencia de un entramado de sociedades presuntamente utilizadas para canalizar beneficios económicos bajo contratos simulados de asesoría y consultoría.
Además del presunto delito de tráfico de influencias, el magistrado también investiga posibles delitos de blanqueo de capitales y organización criminal dentro de la causa.
Tras conocerse su imputación, el expresidente socialista negó categóricamente haber realizado gestiones ante organismos públicos relacionadas con el rescate de la aerolínea y aseguró que defenderá su inocencia ante los tribunales.
El caso ha provocado una nueva tormenta política en España. Sectores de la oposición exigen explicaciones al Gobierno del presidente Pedro Sánchez, mientras partidos aliados del Ejecutivo también han pedido aclaratorias sobre el alcance de la investigación.
La citación judicial marca un hecho sin precedentes en la democracia española reciente, al tratarse de la primera vez que un expresidente del Gobierno es formalmente investigado por la Audiencia Nacional dentro de una causa de esta naturaleza.